La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil de diez funcionarios que participaron, entre enero de 2017 y diciembre de 2020, en la compra de equipamiento para las unidades educativas de la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación (responsable de las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos).
El monto de la glosa asciende a USD 1’263.334 y corresponde a la diferencia entre la cantidad de bienes adquiridos mediante régimen de emergencia y las cantidades registradas en las actas de distribución de los insumos. Las discrepancias se detectaron durante el examen especial que analizó, entre otras operaciones, 24 contratos por régimen de emergencia para equipar unidades educativas en la provincia de Esmeraldas, las cuales resultaron afectadas por el terremoto de 2016.
Durante la acción de control se estableció que los directores, analistas, coordinadores y administradores de contratos de la Coordinación Zonal quienes, en el marco de sus competencias, no tomaron medidas para garantizar la conservación, seguridad, manejo y control adecuado de los recursos institucionales.
La ausencia de un sistema adecuado para la administración del inventario de bienes, controles insuficientes en los procesos de la entrega-recepción de materiales adquiridos por emergencia y la falta de levantamientos físicos dificultaron conocer la cantidad y monto de los recursos disponibles en las bodegas de la entidad.
La auditoría determinó que los presupuestos referenciales no se establecieron a partir de análisis de las condiciones del mercado y de adquisiciones efectuadas previamente por la misma entidad. En consecuencia, los precios de los bienes se incrementaron injustificadamente hasta en un 133 %, lo que se tradujo en pagos en exceso de USD 148.930.
Los informes de viabilidad y términos de referencia de las contrataciones se elaboraron sin información suficiente, que justifique la cantidad de bienes necesarios para solventar la situación de emergencia.
Además, no se consideró el tamaño de la infraestructura, niveles escolares, capacidad física y operativa, la cantidad de estudiantes y de personal docente y administrativo. En la documentación tampoco se detalló la cantidad de bienes que se asignarían a cada unidad educativa.
Durante el examen se estableció la ausencia de justificativos para la selección de los proveedores invitados a participar y, durante la fase de calificación, no se verificó que los oferentes cumplan con la experiencia general establecida en los pliegos del proceso; no se confirmó que las actividades económicas de los contratistas fueran compatibles con los objetos contractuales, lo que llevó a que no se garantice la participación de proveedores con la capacidad de entregar los bienes requeridos por la Coordinación Zonal.
