El Juez de Garantías Penales que conoció la causa dictó prisión preventiva para siete personas, a quienes Fiscalía les formuló cargos como presuntos responsables del secuestro extorsivo de una joven, en la provincia de Manabí.
Además, se aceptó el pedido de internamiento preventivo de un adolescente que habría participado en el delito.
La aprehensión se efectuó en el contexto de un operativo en el que una comerciante fue liberada: a cambio de su vida exigían 100.000 dólares. Tres de los procesados son personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Manabí.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal que conoció la causa señaló que el secuestro ocurrió el 12 de abril.
La víctima viajó desde Riobamba para visitar a un familiar, pero –antes de llegar a su destino– fue interceptada por los hoy procesados, quienes a las pocas horas enviaron mensajes para solicitar el dinero para liberarla y no atentar contra su vida.
La Policía Nacional fue alertada sobre el delito y empezó la investigación, a través de la cual se ubicó a una persona que manifestó conocer el lugar donde se encontraba la víctima.
Acto seguido se organizó un operativo y –el 15 de abril– fue rescatada de un inmueble ubicado en la ciudadela Urbirrios, en Manta, donde cuatro involucrados más fueron aprehendidos.
Posteriormente, con información proporcionada por los secuestradores, se allanó el CRS El Rodeo, donde están recluidos los tres privados de libertad.
Ellos habrían sido los encargados de enviar los mensajes extorsivos a los familiares de la víctima.
Como parte de los elementos de convicción que justificaron la formulación de cargos y el pedido de medidas cautelares, se incluyeron: las versiones de la víctima y de sus familiares, las versiones de los agentes que participaron en el operativo, el parte policial de aprehensión, el informe de reconocimiento de lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias (entre ellas cuatro teléfonos celulares de los cuales se habrían enviado los mensajes exigiendo el dinero).
En una audiencia posterior, se formularon cargos contra el adolescente, utilizando los mismos elementos de convicción. El Juez especializado le dictó internamiento preventivo.
Por pedido de Fiscalía, se dispuso medidas de protección a favor de la víctima y de sus familiares.
Información jurídica
Los procesados enfrentan una pena privativa de libertad de entre diez y trece años, según lo señala el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)
