El excandidato presidencial ecuatoriano Christian Zurita, quien reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio, aseguró este domingo 8 de octubre, que un testigo señaló como responsable del crimen al «Gobierno de Correa», lo que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) consideró un «fraude procesal» de sus detractores a una semana de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
En el día que se cerraba la instrucción fiscal del caso Villavicencio, y después de que el viernes 6 de octubre, se hallasen muertos en la cárcel a siete de los trece procesados, Zurita afirmó que el «testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar (y que se encontraba protegido) señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el ‘Gobierno de Correa'».
«El valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue de 200.000 dólares. Existió un primer intento el 1 de junio de 2023 en la gran caravana de Santo Domingo (de los Tsáchilas), pero lo concretaron el 9 de agosto de 2023», manifestó Zurita en un mensaje publicado en X (antes Twitter), basado presuntamente en la declaración de este testigo.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado indicó que «se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento narró -entre otras cosas- los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales».
«Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen», añadió la Fiscalía, liderada por la fiscal general Diana Salazar, fuertemente criticada por Correa al llevar ella la acusación que derivó en la condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por cohecho que tiene vigente el expresidente, quien reside en Bélgica con la condición de refugiado y alega persecución política.
Correa denuncia «tremendo fraude procesal»
Minutos antes de la publicación del comunicado de la Fiscalía, Correa difundió también en X una captura de pantalla de un mensaje del que no reveló su remitente y en le que se dice que «el sicario de Fernando Villavicencio que sobrevivió dará un testimonio anticipado acusando a Rafael Correa del asesinato».
El mismo mensaje de origen no revelado por el exmandatario asevera que «(al testigo) le han ofrecido todas las garantías para crear este falso positivo».
«Se lo dijimos: asesinan a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos sicarios excepto a uno, a quien tienen a en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre de 2023, cinco días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria», escribió Correa, que ve «un tremendo fraude procesal».
Pese a que Villavicencio se había configurado como uno de los principales enemigos políticos de Correa al presentar varias denuncias de presunta corrupción contra su Gobierno, el expresidente rechazó desde un inicio cualquier vinculación con el crimen.
Correa incluso aseguró que el mortal atentado que sufrió el periodista y exasambleísta fue un «complot de la derecha» que les impidió ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, como según algunas encuestas vaticinaban antes del asesinato, ocurrido en Quito el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin electoral.
Ahora, Luisa González, la candidata presidencial de Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera Correa, debe enfrentarse en la segunda vuelta al joven empresario Daniel Noboa, en una votación que se celebrará este próximo domingo 15 de octubre e 2023.
Más de la mitad de los imputados muertos
El caso del crimen de Villavicencio dio un vuelco desde el viernes 6 de octubre de 2023, cuando fueron presuntamente asesinados dentro de dos cárceles siete de los trece procesados en la investigación.
Entre los siete fallecidos están los seis colombianos que estaban imputados como presuntos autores materiales del crimen, junto a otro más de la misma nacionalidad que murió el mismo día de los hechos, presuntamente por disparos recibidos del personal de seguridad que custodiaba a Villavicencio.
Este episodio también se dio pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de cinco millones de dólares a quien brindase información sobre el autor intelectual del asesinato de Villavicencio, que durante su campaña había incidido mucho en combatir las mafias, el crimen organizado y el narcotráfico.
AGENCIA EFE
