La Universidad Central de Ecuador (UCE) desestimó un presunto plagio en la tesis de la fiscal general, Diana Salazar, como había denunciado el colectivo Acción Jurídica Popular, lo que derivó en un enfrentamiento de la fiscal con dos órganos del Estado.
El Consejo Universitario de la Universidad Central determinó tras una revisión de la tesis de Salazar que la actual fiscal general «es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis, y finalmente es la persona que defiende en grado oral su trabajo de investigación realizado».
«En consecuencia, es la autora de ese trabajo», señaló el Consejo Universitario en la resolución, publicada en la noche del miércoles, donde desestimó la demanda presentada por Acción Jurídica Popular, que pedía que se le retirase el título a Salazar.
«Admitida la autoría por los examinadores en su momento, no cabe poner en duda su veracidad», agregó.
Asimismo, señaló que Salazar «cumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grado Doctoral» y que la investigación, titulada «El tráfico ilegal de migrantes ‘coyoterismo’ en la legislación ecuatoriana'» (2005), «cumple con los requisitos formales de estructura académica».
«Se trata de una discusión jurídica bien fundamentada de las perspectivas doctrinarias, relacionadas con la tipificación de este delito y con el bien jurídico protegido, con los instrumentos doctrinarios argumentativos», apuntó la resolución.
FISCAL ANUNCIA ACCIONES LEGALES
Tras conocer esta resolución, Salazar reiteró la autoría de su tesis de grado y volvió a denunciar que se trata de un intento por desprestigiarla como profesional y como fiscal general del Estado, por lo que anunció que ahora actuará legalmente.
«No permitiré que nadie, y menos unos cuantos sentenciados por delitos execrables y sus allegados, intenten dañar mi buen nombre y el mi familia», indicó.
La fiscal señaló nuevamente que «todas estas acciones y formas de hostigamiento son burdos intentos por obtener impunidad» por parte de los sentenciados en el caso Sobornos, donde fue condenado por cohecho el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y un caso de abuso sexual del exdefensor del Pueblo.
AGENCIA EFE
