El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó de narcopolíticos a quienes supuestamente defienden contratos monopólicos de provisión de servicios de alimentación en las cárceles del país y dijo que son ellos los que obstaculizan la gestión de su Gobierno.
Su comentario en redes sociales se produjo poco después de que su despacho informara en un comunicado que ha entregado a la Fiscalía del Estado denuncias sobre presuntos nexos con el crimen organizado de la empresa que proveía servicios de alimentación en algunas cárceles del país.
«Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado», aseguró Noboa en un mensaje difundido en su cuenta de la red X, en la que dijo sospechar que hay suministradores que «han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano».
Su referencia apuntó a una compañía denominada Lafattoria S.A. que proveía hasta hace pocos de servicios de alimentación en algunas cárceles del país desde hace nueve años.
«Son 171 millones (de dólares) los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales», señaló el mandatario.
Según Noboa, los gobiernos que antecedieron al suyo «entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándolos a otro tipo de política».
Por ello es que «hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este Gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos», concluyó el mensaje del mandatario.
Según un comunicado de la Presidencia de la República, las secretarías Jurídica y de Integridad Pública del Gobierno enviaron «una noticia criminis» a la Fiscalía, dando a conocer unas «alertas categorizadas como ‘secretas’ por el Centro de Inteligencia Estratégica» que apuntan a la empresa Lafattoria S.A.
El Gobierno de Noboa «no dará cabida a ningún acto que atente contra la integridad pública, ni tampoco a relaciones con supuestos proveedores cuyos vínculos sugieran convivencia con el crimen organizado», remarcó la Presidencia en su comunicado.
Además, dijo estar dispuesta a colaborar con las investigaciones del caso y que, «a diferencia de anteriores administraciones, en este Gobierno la impunidad no tiene cabida».
«Toda conducta monopólica será investigada y puesta a conocimiento de las autoridades competentes», añadió la fuente.
Desde finales de abril colectivos de familiares de presos y organizaciones no gubernamentales denunciaron que algunas cárceles de Ecuador se habían quedado sin proveedor de alimentos después de que la nueva contratación no hubiese sido tramitada oportunamente.
Esto llevó a que los familiares de los reclusos recolecten alimentos y realicen donaciones a los centros penitenciarios.
Un juez ordenó este mismo jueves que el Ministerio de Economía y Finanzas desembolse una partida presupuestaria para cubrir procesos de contratación de alimentación de la Zona 1 de forma prioritaria, en tres meses y bajo la supervisión de la Contraloria y Defensoría del Pueblo, según reportó en redes sociales la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
La organización defensora de los derechos humanos también indicó que el magistrado resolvió que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, debe aceptar las donaciones por parte de los familiares.
