Por unanimidad, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia de cuatro años de reclusión mayor ordinaria contra Luis Álvaro P., por su autoría en el delito de peculado, cometido en la Unidad Educativa San José de Raranga del cantón Sígsig.
Los jueces también confirmaron que el sentenciado debe cancelar 13.223,19 dólares, como reparación integral al Distrito de Educación y que, además, queda perpetuamente incapacitado para ejercer cargos públicos.
Durante la audiencia de apelación, la fiscal Ximena Fárez expuso que Fiscalía conoció el hecho mediante un informe con indicios de responsabilidad penal, que fue remitido por la Contraloría General del Estado en junio de 2016.
En este documento consta el análisis practicado al periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2014, durante el cual, Luis Álvaro P. se desempeñaba como colector de esta unidad educativa y era la única persona que tenía la clave para el acceso al sistema del Ministerio de Finanzas.
Entre las funciones del ya sentenciado constaba la cancelación de sueldos. El informe determinó que hizo pagos a sus cuentas personales por concepto de su remuneración, los cuales fueron superiores a los que le correspondía recibir, de acuerdo a su sueldo. El monto total del perjuicio es de 13.273,19 dólares.
Entre los elementos probatorios, Fiscalía contó con los testimonios de los auditores de la Contraloría que elaboraron el informe, así como de la perito que practicó la pericia contable, con la cual se corrobora la disposición arbitraria de fondos públicos.
Asimismo, fueron presentados los movimientos bancarios del sentenciado y el nombramiento y posesión de él como colector de la institución educativa.
Información jurídica
Luis Álvaro P. fue sentenciado por el delito de peculado, de acuerdo al artículo 257, inciso 1, del Código Penal vigente a la fecha del cometimiento del delito. (I)
