Con base en los elementos presentados por el Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra La Delincuencia Organizada Transnacional N° 4, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para diez personas vinculadas a la causa en la que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada.
Fiscalía mencionó que los ahora procesados –Dritan G. (albanés), alias “Tony”; Mario S. (argentino), Carlos G., alias “Gerente”; Pablo H., José E., Vicente Z., Jesús R., Jorge B. (policía en servicio activo), Juan M. (expolicía) y William C. (policía en servicio activo)– habrían participado de diferentes maneras en actividades ilícitas relacionadas con el envío de grandes cargamentos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuyos destinos eran Países Bajos, Bélgica, España, entre otros países.
La organización criminal a la que pertenecerían fue desarticulada el 6 de febrero de 2024, en un operativo simultáneo ejecutado en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, en el marco de una investigación relacionada con el crimen organizado albanés por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, en la que se detuvo a treinta personas y se incautaron alrededor de 2’000.000 de dólares en efectivo.
Esta operación se llevó a cabo con la colaboración de la Fiscalía de España, donde se registraron doce de las capturas y se decomisaron 450.000 euros.
La organización criminal sería la responsable de al menos once envíos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización desde el Puerto Marítimo de Guayaquil al continente europeo, a través de la modalidad de “gancho ciego”, que consiste en la “contaminación” de cargamentos lícitos de fruta tropical, por ejemplo.
Fiscalía vinculó a Dritan G. y Mario S. en calidad de líderes del grupo delincuencial: habrían sido los encargados de coordinar las acciones logísticas en territorio ecuatoriano y español, por medio de sus colaboradores, que participaron en la ejecución operativa.
La organización no solo se encargaba del transporte de las sustancias. También se dedicaba al acopio y custodia de los alijos ilícitos, y a la recolección de información privilegiada sobre empresas con buen récord de exportación, con el objetivo de generar relaciones comerciales (de empresa a empresa), lo que permitía a la organización minimizar el perfil de riesgo a la hora de enviar las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Fiscalía presentó –en la audiencia de vinculación– el contenido de la Asistencia Penal Internacional (API) que requirió a España, en la que constan las comunicaciones encriptadas de la plataforma SKY, en las que se coordinaban las operaciones para camuflar –en la estructura de los contenedores de las empresas Sentilver S. A., Bioexpor y Damasco Sweet S. A.– las sustancias ilegales.
A esto se sumó el informe policial investigativo del caso, documentación referente a trasmisión espontánea de información –como técnica especial–, remitida por el Reino de España; el informe de seguimientos y vigilancias (2022), el informe técnico pericial de informática forense, entre otros.
Al finalizar la audiencia, el Juez Anticorrupción ordenó prisión preventiva para los diez vinculados. Como medida de carácter real, dispuso la retención de cuentas por el valor hasta sesenta salarios básicos y la prohibición de enajenar bienes inmuebles por el mismo valor.
Con estas personas vinculadas, asciende a veinticinco el número de procesados en esta causa.
La instrucción fiscal se amplía a 120 días. (I)
