El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad resolvió censurar al excontralor general del Estado subrogante, Pablo Celi de la Torre, por incumplimiento de funciones, durante el ejercicio de su cargo, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El juicio político se desarrolló en base a seis causales: ilegalidad de posesión de Celi frente a la Contraloría; falta de acción en el caso Odebrecht; irregularidades en la contratación de servicios comunicacionales con la empresa de Daniel Salcedo; injerencia en la Función Electoral; injerencia en el último proceso electoral y el proceso penal que se sigue en su contra por delincuencia organizada.
Durante el debate intervinieron 18 parlamentarios, quienes coincidieron en señalar que quedó en evidencia el incumplimiento de funciones por parte de Celi, a quien se le respetó el derecho a la defensa en el marco del debido proceso.
Además, indicaron que Pablo Celi, desde la Contraloría se abstuvo de sancionar a la empresa Odebrecht, pese a las irregularidades que se pusieron en evidencia.
En las intervenciones los legisladores precisaron que el Parlamento no tolerará actos de corrupción y que permanecerán vigilantes para que las autoridades públicas cumplan la Constitución y la ley. “Ya basta que malos funcionarios se aprovechen de los recursos públicos incumpliendo sus funciones, la Contraloría debe ser el custodio de los recursos del Estado”, advirtieron.
Los parlamentarios en sus intervenciones defendieron la competencia que tiene la Asamblea Nacional de enjuiciarlo políticamente. Precisaron que este proceso se llevó a cabo respetando el debido proceso contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además resaltaron el ejercicio fiscalizador de esta nueva Asamblea Nacional.
La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura del exfuncionario y disponga la prohibición de ejercer cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).
El expediente de este juicio político se remitirá a la Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus competencias realice las investigaciones penales que corresponda. Igualmente se enviará a todas las funciones del Estado, a la Contraloría General del Estado y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que inicien sus investigaciones de acuerdo con sus competencias legales. (I)
