En una nueva jornada del proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública, Mayra Salazar ha dado un testimonio anticipado este 3 de junio de 2024 en el marco del Caso Purga. Este testimonio se enmarca en su cooperación para reducir una posible sentencia en el Caso Metástasis, en el que está involucrada.
Salazar, quien se encuentra bajo la figura de testigo protegido pero también es procesada en el Caso Metástasis, ha aportado información crucial sobre presuntas tramas de corrupción que han sacudido los cimientos de la justicia ecuatoriana. En este último testimonio, Salazar ha señalado al exasambleísta Pablo Muentes como el presunto líder de una estructura que manipulaba la justicia a través de millonarios sobornos.
Uno de los aspectos destacados de su declaración ha sido su relación con Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte del Guayas, a quien supuestamente asesoraba y ejercía una influencia considerable. Salazar ha detallado cómo se habría ganado la confianza de Gallardo, llegando incluso a colaborar en aspectos tan íntimos como la elección de su vestimenta y preparación de discursos.
Además, Salazar ha mencionado una supuesta confabulación en contra del actual presidente Daniel Noboa. Según su testimonio, el juez Ronald Cevallos habría servido a los intereses de Muentes, beneficiándolo en casos como el tráfico de tierras en Durán. Esta revelación no solo implica al exasambleísta sino también al sistema judicial, donde se habrían tejido relaciones de favoritismo y corrupción.
El testimonio de Salazar ha puesto en entredicho la integridad de figuras clave en la judicatura, incluyendo a Cevallos y Xavier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Según sus declaraciones, Muñoz habría facilitado el traslado de Cevallos como un favor, lo que habría resultado en fallos judiciales favorables para personas vinculadas al entorno de Noboa.
Estas nuevas revelaciones plantean serias interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano y la presunta manipulación de decisiones judiciales en beneficio de intereses particulares. Mientras el país sigue atento a los desarrollos de estos casos, la justicia enfrenta un desafío crucial para restaurar la confianza de la ciudadanía y garantizar la transparencia en todos sus procesos. (I)
