La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra once personas, que fueron detenidas en el operativo “Libertad”, ejecutado entre la madrugada y la mañana del 20 de octubre, en Cuenca y Santa Rosa.
La líder de la organización delictiva, Katherine Maritza P., fue procesada por el delito de delincuencia organizada para el tráfico de drogas en alta escala, en concurso de infracciones con trata de personas con fines de explotación.
Las otras diez personas (nueve adultos y un adolescente) están procesadas únicamente por el primero de esos delitos.
Durante dos audiencias de formulación de cargos, desarrolladas la noche del 20 de octubre, el juez Alfredo Serrano acogió el pedido de Fiscalía y dictó arresto domiciliario para Katherine Maritza P. –por estar en estado de gestación– y vigilancia policial las 24 horas. Además, se ordenó la retención de las cuentas bancarias que están a nombre de sus hijos menores de edad.
Mientras que para los otros nueve adultos se dictó prisión preventiva y para el adolescente internamiento preventivo.
Respecto a cinco personas que se encuentran recluidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Turi por otros delitos –y contra quienes existieron órdenes de detención dentro de esta investigación– Fiscalía los vinculará al proceso en los próximos días.
A otras dos personas que fueron detenidas en este operativo, Fiscalía no les formuló cargos por no disponer al momento de suficientes elementos de convicción.
La investigación
Por más de tres meses se efectuaron técnicas especiales de investigación, las cuales evidenciaron que Katherine Maritza P. sería la líder de la organización delictiva, dedicada al transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de droga, dentro del mercado El Arenal, de Cuenca, y en los alrededores.
De acuerdo a la investigación, esta agrupación captaba niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad para obligarles a expender las sustancias. Cuando se negaban o no cumplían con las actividades asignadas, eran agredidos físicamente y sus familias recibían amenazas.
Los menores de edad eran trasladados a los puntos de expendio, donde los utilizaban para camuflar la droga, debido a que la Policía ejecutaba operativos constantes en la zona. Además, eran encargados de transportar las sustancias desde diferentes caletas, con la finalidad de no disponer de altas cantidades en un mismo lugar y así evadir a las autoridades.
Como resultado de la investigación previa, Fiscalía cuenta con varios elementos de convicción, que fueron presentados durante la formulación de cargos: catorce informes investigativos, videos y fotografías, interceptación de llamadas telefónicas, versiones y un informe de una víctima de esta organización que fue rescatada en días anteriores.
Asimismo, se expusieron las actas de los once allanamientos ejecutados y las evidencias incautadas: tres kilos de cocaína, más de 10.500 dólares, artículos utilizados en el pesaje y dosificación de la droga, veinticinco celulares, libretas de ahorros, documentación del registro y control de la venta de la sustancia, y prendas de vestir utilizadas por los procesados en el momento de cometer las infracciones.
